El último proceso electoral de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha llegado a los tribunales. Han sido impugnadas, principalmente, por irregularidades en el censo electoral. 
 
Según el escrito de recurso (demanda), al que ha tenido acceso IUSPORT, "Se han excluido del censo electoral provisional, por provincias, a más de Trescientos sesenta y cinco elegibles, con derecho a poder presentarse a miembros de la asamblea general y votar, paradójicamente proclives todos ellos a la candidatura de mi mandante impidiendo por tanto unas elecciones democráticas en condiciones de igualdad". 
 
Asimismo, se alega que "ni la Comisión Electoral federativa, ni la Secretaria General Federativa ni el Tribunal administrativo del deporte, han dado cobertura al principio constitucional de igualdad de los españoles ante la ley, impidiendo de facto la presentación de personas y entidades que apoyaban la candidatura del señor Vera Vallejo, generando patente indefensión constitucional". 
 
Al recurso se adjunta una relación de doscientos ochenta electores y elegibles "a quien se ha cambiado el nombre intencionadamente pretendiendo tanto que no puedan ejercer el derecho al voto y que no puedan presentar candidatura a la asamblea". 
 
Este hecho, según el recurrente, le impide "de facto" concurrir "a las elecciones en condiciones de igualdad". 
 
Por otro lado, el recurrente denuncia que el "Tribunal administrativo del deporte" andaluz entiende "que se trata de una reclamación genérica sin practicar la prueba solicitada concretamente sobre nueve excluidos de los que ni tan siquiera se solicita la licencia federativa que aclararía tan burda maniobra". 
 
Añade que "al ser excluidos por resolución administrativa firme más de doscientos ochenta con derecho a voto y a presentarse a miembro de la asamblea debería haberse anulado la convocatoria como ya se hizo en Extremadura en resolución de fecha 15 de 2020, que obligo a iniciar de nuevo el procedimiento electoral federativo de nuevo al haberse adulterado el censo, entre otras". 
 
A mayor abundamiento, alega, "no se incluyen en el censo definitivo setenta y cuatro miembros electores y elegibles" cuya relación adjunta "que hacen que el censo no sea veraz y las elecciones estén objetivamente manipuladas, por ello solicitamos en su día la suspensión del proceso electoral". 
 
También denuncia "la actitud partidista del Tribunal administrativo del deporte, en su resolución de facto no practica la prueba de solicitud de licencia federativa de los nueve supuestos expresamente denunciados, de los que se solicitó licencia federativa y nunca el TADA se pronuncio sobre la pertinencia o no de la práctica de dicha prueba esencial para el esclarecimiento de los hechos, pese a ser esencial para acreditar dicha manipulación y haberse solicitado su práctica en tiempo y forma". 
 
Y concluye: "No hace falta incidir en el hecho de que privado de sus derechos nueve de los electores elegibles devendría la nulidad de pleno derecho de la convocatoria al privarse a nueve tanto del derecho al voto como de presentarse a miembros de la asamblea". 
 
En el presente supuesto, denuncia el recurrente, "se ha manipulado el censo electoral, como hemos acreditado en más de trescientos electores/elegibles, que han sido excluidos, lo que conlleva ipso iure la suspensión de la convocatoria electoral, al no tratarse de unas elecciones democráticas, presididas por el principio de igualdad, que conlleva, por imperativo legal, la suspensión de ducha convocaría y el inicio del proceso, que desde ahora dejamos invocados". 
 
Tambien denuncia que los directivos incumplieron el deber de neutralidad: "Los miembros de la Comisión Gestora, aprovecharon su cargo para hacer campaña en favor de la candidatura oficialista, prevaliéndose de su posición". 
 
Y de Pablo Lozano, dice que "el Sr. Lozano, candidato oficialista, utilizó los medios institucionales, TV federativa, para hacer publicidad de sus logros y publicitar su candidatura".